La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se
ha dirigido por carta al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, para explicarle cuál es la
situación de acuciante temporalidad que afecta a los médicos, de
necesario conocimiento antes de intentar buscar soluciones al problema, algo en lo que CESM se ha ofrecido a colaborar solicitando un encuentro entre ambas partes que por el momento no se ha
producido.
En opinión de la Confederación, se están tomando decisiones
que afectan a los trabajadores públicos sin tener en cuenta que no son válidas para los médicos y para las que tampoco se ha contado con la opinión de sus principales representantes
sindicales.
Según recoge un informe del equipo de Economía y Salud de la Universidad
de Las Palmas encargado por el Ministerio de Sanidad en 2018, el número de contratos temporales de muy corta duración (menos de 1 mes) en los médicos en 2014 supusieron el 70% de las contrataciones,
y en 2017 sólo el 6,9% de los contratos de médicos de familia y el 9,4% del resto de especialidades fue indefinido (interinidades).
Por otro lado, según la encuesta de la Organización Médica Colegial (OMC)
de 2018, el 27% de los médicos que trabajan para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y no tienen una plaza en propiedad llevan entre 11 y 20 años trabajando y el 11,9% más de 20 años. La misma
encuesta señala que sólo el 4% de los médicos con plaza en propiedad tiene menos de 40 años.
Además, según reconoce la Universidad de Las Palmas en su informe de
2018, los datos de la EPA objetivan que un 33,7% del empleo médico en la sanidad pública es temporal frente 20,6% en la sanidad privada, además de que incide en que no
solamente el empleo es precario, sino que la mitad de los interinos llevan más de 9 años en esa situación, lo que muestra claramente una cronificación de la temporalidad.
A esto se le añade que el estudio demográfico de la OMC de 2018 recoge
que la edad media del médico español es de 49,2 años y hasta 2028 se espera la jubilación de 70.000 facultativos.
Ya en el informe encargado por el ministerio mencionado antes se reconoce
un déficit de médicos, que se irá agravando hasta 2030, habiendo incluso especialidades cuyo número de efectivos irá decreciendo y otras donde la demanda supera a la oferta de
facultativos, llegando a cifrar el déficit de médicos en un 12% entre 2025 y 2030. En 2020, en plena pandemia, con las cifras prepandémicas esta falta de médicos superaba ya el
5%.
Sin embargo, el porcentaje de médicos en el
SNS no es uniforme, y aunque el informe del ministerio cifra la tasa de facultativos en España en la sanidad pública en 312,5/100.000 habitantes, la horquilla va desde los 243,51 /100.000 habitantes
de Comunidad Valenciana a los 468,11/100.000 habitantes en Cataluña. Tampoco es uniforme la distribución de los grupos etarios por especialidades, alcanzando el 50% los mayores
de 60 años en Medicina del Trabajo frente al 8% en especialidades que aparecieron más recientemente como Angiología y Cirugía Vascular.
Del mismo modo, tampoco es uniforme la tasa de temporalidad
en las distintas comunidades autónomas, ya que actualmente la fragmentación del SNS en 17 servicios de salud más el Ingesa crea grandes diferencias entre ellos: así, con una tasa de temporalidad de media en España del 31,6%, hay comunidades como Canarias
que llegan casi al 60% (59,7%). Tampoco es homogénea la distribución dentro de la misma comunidad, presentando generalmente un déficit que se va agravando en el tiempo en los
centros periféricos -tanto hospitales como centros de Salud- frente a los centros centrales o los situados en las capitales donde el déficit de facultativos es mucho menor o
inexistente.
Con estos antecedentes se dibuja una profesión médica donde a
la precariedad y los contratos en fraude de ley -que son ya endémicos en la Administración
Pública- hay que añadirle un déficit de profesionales que se va a ir
agravando en el tiempo -como reconoce el propio Ministerio de Sanidad-, lo que la dota de una singularidad que no tienen el resto de empleados públicos. Una
singularidad que desde CESM se ha intentado de manera infructuosa trasladar al Ministerio de Política territorial y Función Pública con petición de reuniones que no han sido atendidas. La solución
que se pueda dar a los empleados públicos para solucionar los flagrantes abusos de temporalidad de la Administración Pública no valdrán para los médicos, que a la necesidad de
estabilización del profesional une la demanda de una asistencia sanitaria con recursos humanos cada vez más menguados. En España hay hospitales donde el 25% de las plazas de médico
están desiertas por la falta de candidatos y comunidades con cientos de plazas de médicos de Familia desiertas, como ocurre en Madrid.
Por otro lado, CESM considera que el aumento de otras
categorías profesionales tampoco va a solucionar el problema, aun cuando la contratación de las mismas y su estabilización puedan ser necesarias. La disminución del porcentaje de médicos con
respecto a las demás categorías que está sufriendo el SNS por la dificultad de encontrar facultativos que quieran trabajar en las condiciones que ofrece el sistema público no va a solucionar las
listas de espera, ni el colapso crónico de Atención Primaria y de muchas otras especialidades.
A esto hay que añadir que la fragmentación del SNS en 17 servicios de
salud más Ingesa agrava más el problema, puesto que existen grandes diferencias en la cadencia de las ofertas públicas de empleo para médicos, de los concursos de traslados y en la resolución de los
mismos.
Por otra parte, la legislación española y la europea ya establecían los
límites de la temporalidad, y definían claramente cuándo y para qué se debían utilizar los contratos temporales, y por cuánto tiempo se debían de mantener, lo que no ha
sido óbice para que se hayan obviado estos términos por carecer la Administración de sanción alguna en caso de incumplimiento.
Hasta la fecha, han sido varios los intentos de solucionar la alta tasa
de temporalidad en sanidad, pero se han producido sin continuidad en el tiempo, por lo que el problema se prolonga y se cronifica.
Por todo lo anterior, desde CESM se considera que cualquier solución que
se quiera dar a la temporalidad tendrá que contemplar, en el caso de los médicos, la singularidad de una profesión en déficit creciente y la particularidad de
las distintas comunidades autónomas, con tasas de temporalidad muy diferentes y con la situación especialmente grave de los puestos de difícil cobertura.
Además, deberá tener una continuidad en el tiempo y
contemplar sanciones a las Administraciones que incumplan los requisitos establecidos, y es necesario que lleve aparejada una oferta pública de empleo con carácter anual
junto con concursos de movilidad voluntaria previos igualmente anuales, con sanciones para las Administraciones incumplidoras. Del mismo modo, también es necesario que se contemple
la desaparición de la tasa de reposición y la recuperación de las plazas perdidas por dicha tasa durante la crisis.
Por último, conviene recordar que en caso de que no se contemple la
singularidad de una profesión que se encuentra con un claro déficit de profesionales que se va a ir agravando y se den soluciones a la tasa de temporalidad, lo que se está poniendo en
riesgo es el futuro del SNS y de la asistencia sanitaria pública en España, ya que es imposible la existencia hospitales ni centros de salud sin médicos.